El Gobierno y la UE están dándole vueltas a cómo meter mano al continuo incremento de los precios de la energía. La formación de los precios de estos productos esenciales viene marcada por la dependencia del suministrador de las materias primas, por el sistema de fijación de precios mayoristas y por cómo se ha configurado la competencia en el mercado minorista. En los dos primeros pasos, España está amarrada a la UE, pero en el último, el Gobierno puede hacer mucho con poco.

Si se analiza el mercado minorista español de comercialización de luz y gas es fácil llegar a la conclusión de que es un sistema perverso/vergonzoso. El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) deberían tomar medidas para poner fin a la dinámica actual, conformada por la ignorancia del cliente, bloqueado por la opacidad comercial y facturas ininteligibles, y un sistema de persecución con llamadas telefónicas de personas que no son quien dicen ser, no saben de lo que hablan y ofrecen precios inexistentes. El resultado es un esquema propicio para el fraude y la picaresca del que participan sin rubor las grandes compañías.